El juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Peña continúa este martes en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes. La audiencia del Tribunal Oral Federal se centra en reconstruir las primeras horas posteriores a la desaparición del niño, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal.

Para esta nueva audiencia, la Justicia citó a cuatro testigos clave:

• María Leticia Risco: Excoordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu).
• Carlos “Pachucho” Moreira: Vecino de la localidad de 9 de Julio que participó en los primeros rastrillajes y filmó las huellas halladas en la zona.
• Cinthia Andrea Grimaldi: Médica que atendió a la imputada María Victoria Caillava el 14 de junio de 2024.
• Martín Leonardo De Cristóbal: Comisario mayor de la Policía Federal Argentina (PFA) que intervino en las actuaciones iniciales.

Declara María Leticia Risco, excoordinadora del Sifebu

Al comenzar su testimonio, la exfuncionaria —quien estuvo al frente del organismo entre 2011 y 2025— destacó que la activación de la Alerta Sofía generó un importante flujo de información: “Se recibieron más de 1.100 denuncias relacionadas con el caso”, precisó.

Risco relató que al llegar a la localidad se presentaron en la vivienda de la abuela del menor, donde tomaron contacto con los padres y hermanos de Loan. Sin embargo, al referirse al trato con la fuerza provincial, dejó al descubierto serias tramas de resistencia institucional:

“Nos encontramos con el comisario Walter Maciel. Le explicamos que teníamos experiencia en estos casos y que era fundamental acceder a las actuaciones para colaborar. Le aseguramos que respetaríamos la investigación local y que la intención era aportar recursos federales, pero no nos dieron acceso”, remarcó.

Según su declaración, la respuesta de Maciel fue contundente: “Nos dijeron que no necesitaban recursos, que estaban trabajando muy bien”.

Asimismo, la excoordinadora señaló que posteriormente insistió ante el comisario mayor Roque Nicolás Báez —entonces jefe de la Unidad Regional II de Goya— para disponer de un espacio de trabajo unificado que permitiera sistematizar la información, pero tampoco obtuvo respuesta de las autoridades locales.