El Gobierno define por estas horas si vuelve a postergar la actualización del impuesto a los combustibles, una medida que podría evitar un nuevo impacto sobre los precios de la nafta y el gasoil desde julio.

Ante la consulta de este medio, una fuente de la Secretaría de Energía respondió que el tema “se está analizando”. La definición forma parte del seguimiento que realiza el equipo económico sobre la evolución de los precios regulados y su posible traslado al índice de inflación.

El último diferimiento fue dispuesto a comienzos de junio, cuando el Poder Ejecutivo resolvió postergar hasta julio la aplicación de los incrementos pendientes en los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida alcanzó a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

A través del Decreto 405/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno modificó nuevamente el cronograma de actualización tributaria y estableció que los incrementos remanentes correspondientes a 2024, 2025 y al primer trimestre de 2026 comenzarían a regir desde el 1 de julio.

Combustibles: el impacto sobre la inflación

La definición es relevante porque los combustibles tienen un peso directo sobre los costos de transporte, logística, producción agropecuaria y movilidad particular. Por eso, cualquier actualización impositiva puede trasladarse rápidamente a los surtidores y luego al resto de la cadena de precios.

El Gobierno viene utilizando la postergación del impuesto como una herramienta para moderar aumentos en los combustibles y evitar saltos bruscos en el IPC. Los tributos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono se actualizan de forma periódica según la inflación, pero desde 2024 el Ejecutivo aplica sucesivos diferimientos para administrar su impacto.

En los considerandos del último decreto, la Casa Rosada argumentó que la decisión buscaba continuar estimulando el crecimiento de la economía “a través de un sendero fiscal sostenible”. En términos prácticos, la medida permitió evitar que los aumentos acumulados llegaran a los precios finales durante junio.

Ahora, con el vencimiento de ese plazo, el Gobierno debe resolver si habilita el traslado de los incrementos pendientes o si vuelve a extender el diferimiento. Una nueva postergación requeriría una modificación normativa similar a la publicada a comienzos de mes.

Nafta y gasoil: qué puede pasar desde julio

Si no hay una nueva prórroga, el aumento acumulado de los impuestos comenzaría a regir desde julio y podría presionar sobre los precios de los combustibles. El impacto final dependerá de la decisión de las petroleras, de la evolución del precio internacional del crudo -hoy muy por debajo de lo que cotizó tras el estallido de la guerra en Medio Oriente-, del tipo de cambio y de la estrategia oficial para administrar los precios regulados.

La discusión también se da en un contexto de alta sensibilidad sobre los precios de la energía. Además del componente impositivo, el mercado viene monitoreando la evolución del petróleo internacional y los mecanismos utilizados por las compañías para evitar subas abruptas en los surtidores.

En mayo, YPF había impulsado un esquema de amortiguación de precios que luego fue acompañado por otras petroleras. Ese mecanismo buscó contener aumentos fuertes en medio de la volatilidad internacional del crudo y mantuvo a la nafta súper en torno a una referencia cercana a los $2.000.

La eventual continuidad o finalización de ese esquema será otro de los factores que incidirá en el precio final de los combustibles durante julio. En paralelo, la decisión sobre el impuesto aparece como una variable central para determinar si el mes arranca con una nueva presión sobre los surtidores.

Por ahora, en la Secretaría de Energía evitan confirmar el camino elegido. La respuesta oficial es que la medida “se está analizando”, mientras el Gobierno evalúa el costo fiscal de una nueva postergación y el impacto inflacionario que tendría habilitar el aumento.