La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un nuevo elemento de análisis: de acuerdo con cálculos realizados por los investigadores judiciales sobre la base de los resúmenes bancarios incorporados al expediente, el exfuncionario registró consumos con tarjetas de crédito por $139 millones entre diciembre de 2023 y marzo de este año. 

La causa, que se encuentra delegada en la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita, también aguarda un informe oficial solicitado a la Dirección de Asistencia Técnica en Investigaciones Fiscales (DATIP), organismo que deberá elaborar un análisis pormenorizado de los movimientos financieros del exvocero presidencial y exjefe de Gabinete.

Según trascendió, los investigadores ya cuentan con los resúmenes bancarios obtenidos tras el levantamiento del secreto bancario dispuesto por la Justicia. Sobre esa documentación realizaron un cálculo preliminar que arrojó un gasto total de $139 millones en consumos con tarjetas de crédito mientras Adorni ocupaba cargos en el Gobierno nacional.

Uno de los aspectos que ahora analiza la fiscalía es que el monto de esos consumos superaría los ingresos que el exfuncionario percibió como salario durante su paso por la administración pública. De acuerdo con la información incorporada a la causa, Adorni cobraba alrededor de 3,5 millones de pesos mensuales hasta fines de 2025, cifra que luego ascendió a 7,6 millones.

La investigación también busca determinar si existieron irregularidades en la utilización de medios de pago. En ese marco, una exempleada declaró como testigo que Adorni habría utilizado tarjetas de crédito a nombre de colaboradores para realizar compras vinculadas a artículos de videojuegos, reintegrando posteriormente el dinero en efectivo.

A ese expediente se suman otros elementos que también son objeto de análisis judicial. Entre ellos figura el testimonio del contratista Matías Tabar, quien declaró sobre una refacción realizada en una vivienda del barrio privado Indio Cua, donde, según su versión, se habrían abonado 245 mil dólares en efectivo.

Con esta nueva documentación, la fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar si existe un desfasaje patrimonial entre los ingresos declarados por el exfuncionario y los gastos registrados durante su desempeño en el Gobierno nacional. Mientras tanto, se espera el informe técnico de la DATIP, que podría aportar nuevos elementos para el avance de la investigación.