El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 enviado por el Gobierno al Congreso contempla un nuevo ajuste sobre organismos técnicos vinculados con la producción. Entre ellos aparecen el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), que tendrán menores partidas nominales respecto de las previstas para 2026.

Según las planillas presupuestarias analizadas, el gasto previsto para el Inta pasará de $360.124 millones en 2026 a $315.538 millones en 2027. La reducción alcanza los $44.586 millones y representa una caída nominal del 12,4%. En el caso del Inti, el presupuesto bajará de $91.070 millones a $86.358 millones, un recorte nominal del 5,2%.

Al tratarse de variaciones nominales, la pérdida de capacidad presupuestaria es mayor si se incorpora la inflación proyectada por el propio Gobierno para 2027. El proyecto estima una inflación del 18% para el próximo año, por lo que una partida que aumenta menos que ese porcentaje pierde poder adquisitivo, mientras que una que directamente disminuye enfrenta una reducción real todavía más marcada.

 

La discusión, sin embargo, no se limita al monto asignado. El proyecto también introduce cambios en el esquema de financiamiento de estos organismos y se presenta después de un proceso de reestructuración que modificó funciones, estructuras y servicios.

El caso del Inta concentra las principales modificaciones. Además de la reducción del 12,4% en sus gastos, las planillas del Presupuesto 2027 contemplan 6.308 cargos, frente a los 7.145 previstos para 2026. La diferencia alcanza los 837 puestos, equivalente al 11,7%. El propio detalle presupuestario no permite determinar cuánto de esa reducción corresponde a nuevas bajas y cuánto refleja retiros y modificaciones de estructura que ya se produjeron.

El mayor ajuste aparece en el programa de Investigación Aplicada, Innovación, Transferencia de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural, conocido como AITTE. Allí se prevén 696 cargos menos, que representan el 83% de la reducción total de puestos contemplada para el organismo.

Se trata de un área particularmente vinculada con el trabajo territorial del Inta. Sus equipos participan en actividades de extensión, asesoramiento a productores, capacitación y transferencia de tecnologías desarrolladas por el organismo.

También se contemplan reducciones de 71 cargos en Actividades Centrales y de otros 70 en el programa de Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas.

El recorte de personal aparece acompañado por una reducción de las metas físicas previstas para 2027.

Según las planillas presupuestarias, la cantidad de actividades correspondientes a proyectos nacionales y regionales pasaría de 3.000 en 2026 a 1.500 en 2027, lo que implica una reducción del 50%.

También disminuiría la cantidad de consultas atendidas a actores del sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. La meta pasa de 4.933 a 3.074 consultas, una caída del 37,7%.

Las prestaciones vinculadas con asistencia técnica, capacitación de productores y acceso a sistemas de información también presentan reducciones, aunque de menor magnitud, ubicadas entre el 7% y el 11%.

De esta manera, el ajuste previsto para el Inta no queda circunscripto a una cuestión contable. Las propias metas del proyecto presupuestario anticipan una reducción en el volumen de actividades que el organismo prevé realizar durante el próximo ejercicio.

El cambio en el financiamiento del Inta

Otro de los puntos centrales del proyecto es la modificación de los recursos con los que se financia el organismo. Hasta ahora, el esquema contemplaba recursos provenientes de la Tasa de Estadística y de una participación en los derechos de importación. Para 2027, los derechos de importación dejan de figurar entre las fuentes de ingresos del INTA y permanece la Tasa de Estadística, además de los aportes generales correspondientes.

Los ingresos previstos para el Inta pasarían de $905.711 millones a $546.874 millones, una reducción de $358.837 millones, equivalente al 39,6%.

Pero existe otro dato relevante: de esos $546.874 millones previstos para 2027, $315.538 millones corresponden a los gastos del organismo, mientras que $231.337 millones aparecen como una “aplicación financiera”.

Es decir, cerca del 42% de los recursos que figuran para el Inta no aparece destinado directamente al funcionamiento y las actividades del instituto, sino a una aplicación financiera.

Ese excedente financiero proyectado para 2027 constituye uno de los puntos centrales de la discusión sobre el nuevo esquema. Señalan que el resultado positivo de $231.336 millones tendría como destino el aumento de la inversión financiera del organismo.

Desde el proyecto presentado al Congreso, se señala que los recursos totales previstos para el instituto caerían casi 40%, aunque no todo ese monto representa dinero disponible para gastos operativos.

Una reestructuración que comenzó antes del Presupuesto 2027

El Gobierno había impulsado mediante el Decreto 462/2025 la transformación del instituto y de otros organismos técnicos. En el caso del Inta, la norma establecía su paso de organismo descentralizado a organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. También modificaba su esquema de conducción.

Sin embargo, ese decreto fue rechazado posteriormente por ambas cámaras del Congreso y quedó abrogado en los términos previstos por la Ley 26.122.

Aun así, el proceso de reorganización interna del Inta continuó a través de otras medidas. En agosto de 2025, por ejemplo, el Decreto 571/2025 suprimió la Dirección Nacional de la estructura organizativa del organismo.

El Gobierno sostiene que la reorganización apunta a concentrar al instituto en investigación, desarrollo tecnológico y generación de bienes públicos tecnológicos para el sector agropecuario. En sus fundamentos, la administración nacional también cuestionó la estructura y el funcionamiento que tenía el organismo antes de la reforma.

Por eso, el Presupuesto 2027 aparece como una nueva etapa de un proceso que comenzó con cambios institucionales, continuó con modificaciones de estructura y ahora se expresa en las partidas, los cargos y las metas de producción del organismo.

Inti: una reducción menor, pero en medio de otra reestructuración

El escenario del Instituto Nacional de Tecnología Industrial es diferente en sus números, aunque comparte con el Inta la reducción de recursos.

Para 2027, el proyecto contempla $86.358 millones, frente a los $91.070 millones previstos para 2026. La baja es de $4.712 millones y representa un recorte nominal del 5,2%.

Al igual que ocurre con el Inta, la comparación nominal debe considerar la inflación prevista para el próximo año. Con una proyección oficial del 18%, una reducción nominal del 5,2% implica una pérdida real mayor de capacidad presupuestaria.

El Inti cumple un papel diferente al del organismo agropecuario. Su actividad está vinculada con la tecnología industrial, los ensayos, la metrología, la certificación, los laboratorios y la asistencia técnica a empresas y sectores productivos.

Sus capacidades abarcan distintas ramas de la industria y son utilizadas para desarrollar productos, mejorar procesos, verificar estándares y cumplir requisitos técnicos necesarios para la producción y, en determinados casos, para acceder a mercados.

Por eso, la reducción presupuestaria se produce sobre un organismo cuya actividad tiene una relación directa con la infraestructura tecnológica que utilizan las empresas industriales.

El recorte presupuestario llega después de la eliminación de unos 1.000 servicios

El Presupuesto 2027 también se discute después de una modificación importante en la oferta de servicios del Inti.

En abril de este año, el organismo aprobó la Resolución 42/2026, mediante la cual dispuso el cese de una serie de servicios técnicos sistematizados. La medida alcanzó a cerca de un millar de prestaciones.

La explicación oficial fue que se trataba de servicios que no registraban demanda efectiva o que ya contaban con una oferta suficiente en el sector privado.

Según informó el propio Gobierno, fueron eliminados 1.000 servicios bajo ese criterio, con el objetivo de concentrar los recursos públicos del instituto en áreas consideradas estratégicas y evitar una superposición con prestaciones disponibles en el mercado.

La Resolución 42/2026 establece expresamente que el Inti deja de prestar los servicios incluidos en su Anexo I y sostiene que la medida forma parte de una adecuación de su oferta tecnológica. La norma también señala que el cambio no implica, desde la perspectiva oficial, una retracción del rol institucional del organismo, sino una reorientación hacia funciones consideradas prioritarias.

El Gobierno, por lo tanto, presenta el proceso como una reorganización de funciones y una concentración de recursos. La reducción presupuestaria prevista para 2027 se suma a ese proceso.

El organismo industrial ya había sido alcanzado por la reforma impulsada durante 2025. El Decreto 462/2025 establecía transformar al Inti, que funcionaba como organismo descentralizado, en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

Aunque ese decreto fue posteriormente rechazado por el Congreso, el proceso de reorganización del instituto continuó a través de distintas medidas administrativas.

Así, el recorte previsto para 2027 no aparece aislado. Se produce después de cambios en la estructura institucional y de una revisión de la oferta tecnológica del organismo.

El financiamiento específico para Inta, Senasa e Inti

Otro punto que atraviesa la discusión es la fuente específica de financiamiento vinculada con las importaciones. La normativa había establecido una asignación equivalente al 0,65% del valor CIF de determinadas importaciones, distribuida entre distintos organismos: 0,45% para el Inta, 0,15% para el Senasa y 0,05% para el Inti.

En el caso del Inta, la desaparición de los derechos de importación de sus fuentes de recursos tiene un efecto directo sobre los ingresos proyectados. En el Inti, el cambio también forma parte del nuevo esquema de financiamiento, aunque la baja presupuestaria nominal prevista para el organismo es menor que la del Inta.

El Senasa presenta una situación diferente. No aparece dentro del mismo grupo de organismos con reducción nominal de su asignación presupuestaria, aunque sí queda alcanzado por la modificación del mecanismo de financiamiento específico.

Esta diferencia es importante para evitar presentar a los tres organismos como si enfrentaran exactamente la misma situación presupuestaria.

Qué está en discusión detrás de los números

El debate sobre el Presupuesto 2027 pone en primer plano el rol que tendrán los organismos técnicos en la estrategia productiva del Gobierno nacional.

El Intatiene una función vinculada con la investigación agropecuaria, el desarrollo tecnológico y la extensión. El Inti concentra capacidades relacionadas con la tecnología industrial, los ensayos, la metrología y la asistencia técnica. Ambos funcionan como parte de la infraestructura tecnológica que utilizan distintos sectores productivos.

En el caso del Inta, las modificaciones previstas para 2027 incluyen una caída del presupuesto, menos cargos y una reducción significativa de las metas físicas. En el Inti, la baja presupuestaria se combina con la decisión de concentrar su oferta de servicios en aquellas prestaciones que el Gobierno considera estratégicas o que no cuentan con suficiente oferta privada.

Desde el Gobierno, el argumento central pasa por reducir estructuras que considera sobredimensionadas, evitar duplicaciones con el sector privado y concentrar el gasto público en funciones consideradas prioritarias. En el caso del Inta, la administración también plantea una orientación hacia investigación, tecnología y bienes públicos tecnológicos destinados a la producción agropecuaria y agroindustrial.

La discusión parlamentaria deberá determinar, entre otros aspectos, si las partidas propuestas se mantienen, se modifican o se incorporan cambios durante el tratamiento del proyecto.

Una reducción que alcanza a la infraestructura tecnológica productiva

Los números del proyecto permiten observar distintas dimensiones del ajuste. En el Inta, el gasto previsto cae 12,4% nominal, los cargos bajan 11,7%, las actividades de proyectos nacionales y regionales se reducen a la mitad y las consultas a actores del sistema agropecuario disminuyen 37,7%. A eso se suma el cambio en las fuentes de financiamiento y la previsión de $231.337 millones como aplicación financiera.

En el Inti, el presupuesto pasa de $91.070 millones a $86.358 millones, con una baja nominal del 5,2%, mientras el organismo llega a esta discusión después de haber discontinuado cerca de 1.000 servicios que, según la explicación oficial, no tenían demanda suficiente o se superponían con prestaciones privadas.

El contexto general también muestra que el ajuste sobre estos organismos forma parte de una reducción más amplia en distintas áreas técnicas. El proyecto contempla, por ejemplo, una caída nominal del 6,6% para la Conae, mientras que la CNEA prácticamente mantiene su partida nominal, con una suba de apenas 0,2%, lo que igualmente implica una pérdida real frente a la inflación proyectada.

A nivel más general, un análisis citado por Infobae muestra que el proyecto mantiene para 2027 fuertes diferencias respecto del gasto de 2023 en áreas como ciencia y tecnología, industria, agricultura, infraestructura y educación, aunque las magnitudes varían según la función y la base de comparación utilizada.

El Presupuesto 2027 recién inicia su recorrido legislativo. Sin embargo, las planillas enviadas al Congreso ya permiten identificar una orientación definida para organismos como el Inta y el Inti: menores partidas nominales, reducción o reordenamiento de estructuras, cambios en las fuentes de financiamiento y una redefinición de las actividades que el Estado nacional pretende sostener de manera directa.

La discusión que se abre ahora en el Congreso no será solamente sobre cuánto dinero recibirá cada organismo. También involucrará qué funciones mantendrán, qué servicios continuarán, qué capacidades tecnológicas quedarán dentro del Estado y cómo se financiarán las tareas de investigación, asistencia y desarrollo vinculadas con la producción argentina.