El Gobierno dispuso la ampliación de la Red Federal de Concesiones, el esquema con el que busca transferir al sector privado la operación, el mantenimiento y la rehabilitación de nuevos tramos de rutas nacionales mediante contratos de peaje. Por medio de la publicación del Decreto N° 1358/2026 en el Boletín Oficial se habilitó la incorporación de caminos que hoy están bajo administración estatal al régimen de concesión previsto en la Ley N° 17520. Así, un total de 27 tramos podrían ser susceptibles de ser licitados. En Buenos Aires quedaron alcanzadas las rutas nacionales 3, 22 (junto con La Pampa), 33, 35 (que también atraviesa La Pampa y Córdoba), 228 y el acceso A0017. La Ruta 9, por su parte, integró el listado en su recorrido por Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy. También se incorporaron las rutas 11, que atraviesa Santa Fe, Chaco y Formosa; la 12, en Entre Ríos; la 14, que une Corrientes y Misiones; y la 16, en los sectores de Santiago del Estero, Chaco y Salta. En la Patagonia se incluyó a las rutas nacionales 25 y 26, ambas en Chubut, además de la 237 en Neuquén. En el centro y norte del país aparecen las rutas 34, entre Jujuy y Salta; 38, en Córdoba y La Rioja; 50, en Salta; 60 y 158, en Córdoba; y la 89, entre Chaco y Santiago del Estero. Por último, también se sumaron las rutas 81 y 86, en Formosa; las 120, 121 y 122, en Corrientes; y las 151 y 152, en La Pampa. 

Cada una podrá integrar total o parcialmente futuros corredores de peaje, siempre que esos sectores no formen parte de concesiones ya vigentes. Esta aclaración aplicaría para las rutas nacionales 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35, que ya figuran en etapas previas y que volvieron a ser incluidas en la nueva ampliación. 

Por otro lado, se estableció que el Ministerio de Economía, por medio de la Secretaría de Transporte, podrá conformar los nuevos tramos con la totalidad o parte de las rutas incluidas en un anexo del decreto. Según los antecedentes citados en el decreto, las etapas I, II, II-B y III del programa ya fueron licitadas y adjudicadas. Esas instancias abarcaron corredores como Oriental, Conexión, Sur, Atlántico, Acceso Sur, Pampa, Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur, Portuario Norte, Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico.

Vialidad, de condenada a árbitro

El decreto reserva una ironía para el final, ya que la autoridad de aplicación de los nuevos contratos, con funciones de supervisión y control, será la Dirección Nacional de Vialidad: el mismo organismo que el Gobierno intentó disolver por decreto. Esa disolución quedó frenada por la Justicia federal. 

La facultad de Vialidad, como autoridad de aplicación de las concesiones viales, prevista en el artículo 30 de la Ley 27445, fue restituida luego por el Decreto 627/25. Así, el ente que iba a desaparecer queda con dos llaves: firma el informe técnico previo a cada tramo y controla a los concesionarios después. Con qué estructura y qué personal lo hará es una de las preguntas que el decreto no responde. El llamado será, otra vez, "nacional e internacional". 

La experiencia de las etapas anteriores sugiere que el adjetivo pesa poco, ya que en las etapas anteriores los corredores quedaron en manos de grupos locales.