La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha un amplio operativo para revisar el funcionamiento de los radares instalados sobre rutas nacionales y el resultado inicial encendió alarmas: detectaron al menos 152 cinemómetros fijos que operaban sin autorización nacional para emitir infracciones.

La fiscalización, que se realizó durante los primeros meses del año, incluyó más de 40.000 kilómetros de rutas en todo el país y se apoyó en las 39 bases operativas que el organismo posee distribuidas a lo largo del territorio. El objetivo oficial es ordenar un sistema que, según reconocen, acumulaba irregularidades, falta de controles y dispositivos funcionando fuera del marco legal.

Hasta el inicio del relevamiento existían 526 radares autorizados para operar en rutas nacionales: 363 fijos y 163 móviles. Sin embargo, al verificar su ubicación y funcionamiento surgieron inconsistencias. De los radares fijos habilitados, solo 239 estaban efectivamente instalados en los puntos para los cuales habían recibido autorización.

Los restantes 124 equipos no fueron encontrados en las ubicaciones registradas oficialmente, por lo que la ANSV intimó a las jurisdicciones responsables para que expliquen su situación. Si se comprueba que esos dispositivos dejaron de operar o fueron trasladados sin autorización, podrían perder su habilitación.

Hasta el inicio del relevamiento existían 526 radares autorizados para operar en rutas nacionales. (Foto: archivo Télam)

Pero el hallazgo más significativo apareció con los radares que directamente operaban al margen del sistema nacional. Según explicaron desde el organismo, esos 152 dispositivos detectados sobre rutas federales no contaban con autorización vigente para labrar multas, por lo que se exigió su retiro y el cese inmediato de utilización.

Las primeras sanciones ya comenzaron a aplicarse. La ANSV revocó permisos de seis radares fijos ubicados en Azul, uno móvil en Exaltación de la Cruz y otros cuatro radares móviles instalados en Dina Huapi. Además, distintas jurisdicciones fueron notificadas para actualizar verificaciones técnicas vencidas, bajo advertencia de perder sus autorizaciones.

La revisión también volvió a poner el foco sobre un tema sensible para miles de automovilistas: la validez de las fotomultas. Para que una infracción obtenida mediante radar tenga sustento legal, debe incluir información precisa sobre el dispositivo utilizado —como homologación, calibración y datos técnicos—, además de detalles completos sobre la falta detectada, la señalización previa y la autoridad interviniente.

Desde el organismo aseguran que el objetivo final es transparentar el sistema y devolverle legitimidad a una herramienta que nació para prevenir siniestros viales, pero que en muchos casos quedó envuelta en cuestionamientos y denuncias por irregularidades.